“ALGO HICIMOS MAL”

Presidente de la República

Trinidad y Tobago

18 de abril del 2009

NACION.COM/opinión - enlace

Tengo la impresión de que cada vez que los países caribeños y latinoamericanos se reúnen con el presidente de los Estados Unidos de América, es para pedirle cosas o para reclamarle cosas. Casi siempre, es para culpar a Estados Unidos de nuestros males pasados, presentes y futuros. No creo que eso sea del todo justo.

No podemos olvidar que América Latina tuvo universidades antes de que Estados Unidos creara Harvard y William & Mary, que son las primeras universidades de ese país. No podemos olvidar que en este continente, como en el mundo entero, por lo menos hasta 1750 todos los americanos eran más o menos iguales: todos eran pobres.

Cuando aparece la Revolución Industrial en Inglaterra, otros países se montan en ese vagón: Alemania, Francia, Estados Unidos, Canadá, Australia, Nueva Zelanda… y así la Revolución Industrial pasó por América Latina como un cometa, y no nos dimos cuenta. Ciertamente perdimos la oportunidad.

También hay una diferencia muy grande. Leyendo la historia de América Latina, comparada con la historia de Estados Unidos, uno comprende que Latinoamérica no tuvo un John Winthrop español, ni portugués, que viniera con la Biblia en su mano dispuesto a construir “una Ciudad sobre una Colina”, una ciudad que brillara, como fue la pretensión de los peregrinos que llegaron a Estados Unidos.

Hace 50 años, México era más rico que Portugal. En 1950, un país como Brasil tenía un ingreso per cápita más elevado que el de Corea del Sur. Hace 60 años, Honduras tenía más riqueza per cápita que Singapur, y hoy Singapur –en cuestión de 35 ó 40 años– es un país con $40.000 de ingreso anual por habitante. Bueno, algo hicimos mal los latinoamericanos.

¿Qué hicimos mal? No puedo enumerar todas las cosas que hemos hecho mal. Para comenzar, tenemos una escolaridad de 7 años. Esa es la escolaridad promedio de América Latina y no es el caso de la mayoría de los países asiáticos. Ciertamente no es el caso de países como Estados Unidos y Canadá, con la mejor educación del mundo, similar a la de los europeos. De cada 10 estudiantes que ingresan a la secundaria en América Latina, en algunos países solo uno termina esa secundaria. Hay países que tienen una mortalidad infantil de 50 niños por cada mil, cuando el promedio en los países asiáticos más avanzados es de 8, 9 ó 10.

Nosotros tenemos países donde la carga tributaria es del 12% del producto interno bruto, y no es responsabilidad de nadie, excepto la nuestra, que no le cobremos dinero a la gente más rica de nuestros países. Nadie tiene la culpa de eso, excepto nosotros mismos.

En 1950, cada ciudadano norteamericano era cuatro veces más rico que un ciudadano latinoamericano. Hoy en día, un ciudadano norteamericano es 10, 15 ó 20 veces más rico que un latinoamericano. Eso no es culpa de Estados Unidos, es culpa nuestra.

En mi intervención de esta mañana, me referí a un hecho que para mí es grotesco, y que lo único que demuestra es que el sistema de valores del siglo XX, que parece ser el que estamos poniendo en práctica también en el siglo XXI, es un sistema de valores equivocado. Porque no puede ser que el mundo rico dedique 100.000 millones de dólares para aliviar la pobreza del 80% de la población del mundo –en un planeta que tiene 2.500 millones de seres humanos con un ingreso de $2 por día– y que gaste 13 veces más ($1.300.000.000.000) en armas y soldados.

Como lo dije esta mañana, no puede ser que América Latina se gaste $50.000 millones en armas y soldados. Yo me pregunto: ¿quién es el enemigo nuestro? El enemigo nuestro, presidente Correa, de esa desigualdad que usted apunta con mucha razón, es la falta de educación; es el analfabetismo; es que no gastamos en la salud de nuestro pueblo; que no creamos la infraestructura necesaria, los caminos, las carreteras, los puertos, los aeropuertos; que no estamos dedicando los recursos necesarios para detener la degradación del medio ambiente; es la desigualdad que tenemos, que realmente nos avergüenza; es producto, entre muchas cosas, por supuesto, de que no estamos educando a nuestros hijos y a nuestras hijas.

Uno va a una universidad latinoamericana y todavía parece que estamos en los sesenta, setenta u ochenta. Parece que se nos olvidó que el 9 de noviembre de 1989 pasó algo muy importante, al caer el Muro de Berlín, y que el mundo cambió. Tenemos que aceptar que este es un mundo distinto, y en eso francamente pienso que todos los académicos, que toda la gente de pensamiento, que todos los economistas, que todos los historiadores, casi que coinciden en que el siglo XXI es el siglo de los asiáticos, no de los latinoamericanos. Y yo, lamentablemente, coincido con ellos. Porque mientras nosotros seguimos discutiendo sobre ideologías, seguimos discutiendo sobre todos los “ismos” (¿cuál es el mejor? capitalismo, socialismo, comunismo, liberalismo, neoliberalismo, socialcristianismo…), los asiáticos encontraron un “ismo” muy realista para el siglo XXI y el final del siglo XX, que es el pragmatismo . Para solo citar un ejemplo, recordemos que cuando Deng Xiaoping visitó Singapur y Corea del Sur, después de haberse dado cuenta de que sus propios vecinos se estaban enriqueciendo de una manera muy acelerada, regresó a Pekín y dijo a los viejos camaradas maoístas que lo habían acompañado en la Larga Marcha: “Bueno, la verdad, queridos camaradas, es que mí no me importa si el gato es blanco o negro, lo único que me interesa es que cace ratones” . Y si hubiera estado vivo Mao, se hubiera muerto de nuevo cuando dijo que “ la verdad es que enriquecerse es glorioso ”. Y mientras los chinos hacen esto, y desde el 79 a hoy crecen a un 11%, 12% o 13%, y han sacado a 300 millones de habitantes de la pobreza, nosotros seguimos discutiendo sobre ideologías que tuvimos que haber enterrado hace mucho tiempo atrás.

La buena noticia es que esto lo logró Deng Xioping cuando tenía 74 años. Viendo alrededor, queridos Presidentes, no veo a nadie que esté cerca de los 74 años. Por eso solo les pido que no esperemos a cumplirlos para hacer los cambios que tenemos que hacer.

Muchas gracias.

By YARON BROOK

Wall Street Journal - link

March 14, 2009

Ayn Rand died more than a quarter of a century ago, yet her name appears regularly in discussions of our current economic turmoil. Pundits including Rush Limbaugh and Rick Santelli urge listeners to read her books, and her magnum opus, “Atlas Shrugged,” is selling at a faster rate today than at any time during its 51-year history.

There’s a reason. In “Atlas,” Rand tells the story of the U.S. economy crumbling under the weight of crushing government interventions and regulations. Meanwhile, blaming greed and the free market, Washington responds with more controls that only deepen the crisis. Sound familiar?

The novel’s eerily prophetic nature is no coincidence. “If you understand the dominant philosophy of a society,” Rand wrote elsewhere in “Capitalism: The Unknown Ideal,” “you can predict its course.” Economic crises and runaway government power grabs don’t just happen by themselves; they are the product of the philosophical ideas prevalent in a society — particularly its dominant moral ideas.

Why do we accept the budget-busting costs of a welfare state? Because it implements the moral ideal of self-sacrifice to the needy. Why do so few protest the endless regulatory burdens placed on businessmen? Because businessmen are pursuing their self-interest, which we have been taught is dangerous and immoral. Why did the government go on a crusade to promote “affordable housing,” which meant forcing banks to make loans to unqualified home buyers? Because we believe people need to be homeowners, whether or not they can afford to pay for houses.

The message is always the same: “Selfishness is evil; sacrifice for the needs of others is good.” But Rand said this message is wrong — selfishness, rather than being evil, is a virtue. By this she did not mean exploiting others à la Bernie Madoff. Selfishness — that is, concern with one’s genuine, long-range interest — she wrote, required a man to think, to produce, and to prosper by trading with others voluntarily to mutual benefit.

Rand also noted that only an ethic of rational selfishness can justify the pursuit of profit that is the basis of capitalism — and that so long as self-interest is tainted by moral suspicion, the profit motive will continue to take the rap for every imaginable (or imagined) social ill and economic disaster. Just look how our present crisis has been attributed to the free market instead of government intervention — and how proposed solutions inevitably involve yet more government intervention to rein in the pursuit of self-interest.

Rand offered us a way out — to fight for a morality of rational self-interest, and for capitalism, the system which is its expression. And that is the source of her relevance today.

Dr. Brook is president and executive director of the Ayn Rand Institute.

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Posted on Thu, Mar. 12, 2009

BY MYRIAM MARQUEZ

Miami Herald - link to original article

President Obama is rushing to reform healthcare, noting this country spends more than all other industrialized nations, but medical outcomes are no better than most. With more than 40 million people uninsured nationwide, the costs of treating them in emergency rooms is borne by taxpayers and the insured.

One way or another we pay for the broken healthcare system we now have. But no reform will matter if the Obama administration doesn’t pursue fraud with a vengeance.

EPIDEMIC

Medicare and Medicaid fraud are so pervasive in Miami-Dade that the Justice Department’s deputy chief of healthcare fraud, Kirk Ogrosky, calls it “viral.”

Unfortunately, the federal government has been the enabler of this South Florida virus.

As Miami Herald reporter Jay Weaver has detailed in story after story the past two years, scammers are bilking the system out of billions of dollars.

The Justice Department has a South Florida task force aggressively going after sham medical-equipment suppliers at empty storefronts, clinic owners billing millions of dollars for obsolete HIV treatments for patients who get kickbacks instead of therapy, and home-nursing charges for diabetics who never got the care in the first place.

But law enforcement’s biggest enemy in nabbing these crooks may be the federal bureaucracy and Medicare rules that give a wink and a nod to scammers who appeal when fraud is discovered.

In March 2007, the Department of Health and Human Services’ Office of Inspector General found that almost one-third of the 1,581 suppliers in Miami-Dade, Broward and Palm Beach counties were operating with fake storefronts and no-show employees. Medicare revoked the billing privileges of 491 suppliers.

About half of those appealed to Medicare and an astounding 91 percent had their privileges restored.

And guess what?

Two-thirds of those 222 reinstated suppliers have since lost their privileges again after inspectors returned to those businesses and found the same old scams, according to a follow-up report last October. Yet they were billing Medicare for millions of dollars for wheelchairs, respirators or artificial limbs that existed only on phony claims.

FLAWED JUSTICE

In 15 of those cases involving 18 suppliers, there were fraud indictments for scamming at least $5 million in payments from Medicare. Almost all have been convicted and sentenced up to four years. But most of the pilfered money has not been recovered and likely never will.

The Inspector General’s report notes that Medicare’s appeals system is seriously flawed because it doesn’t specify what evidence a supplier needs to have to prove it’s on the up and up. Instead, Medicare hearing officers restored billing privileges based on photographs, leases or utility bills — whatever the companies decided. Doesn’t take a brain surgeon to figure out you can doctor documents.

It’s been six months since the Inspector General’s last report and Medicare has yet to toughen the rules of evidence. Six months, a new president and still nothing. Who knows how many scammers continue to operate because there’s no swift action for real accountability?

In his address to Congress, Obama promised to root out fraud in healthcare. But this isn’t something that needs to be studied to death.

Slap stiffer sentences and tighten the rules. Move swiftly and boldly. Enough already.

Autor: Alvaro Vargas Llosa

Fundación Atlas - enlace

Washington, DC—Varios pesos pesados de la derecha se han unido a la izquierda para pedir una nacionalización temporal de los bancos que están en graves aprietos en los Estados Unidos. Entre ellos se encuentran el ex Presidente de la Reserva Federal Alan Greenspan, el senador republicano Lindsey Graham, el consultor y profesor Nouriel Roubini y el ex Secretario del Tesoro James Baker.

Se equivocan: La nacionalización añadiría a las fechorías de ciertos banqueros el agravante de una expropiación, patearía a los contribuyentes en el estómago y haría de un modo enrevesado y tortuoso lo que el mercado puede hacer rápidamente.

El descalabro del sistema bancario es indudable. Las pérdidas potenciales de los bancos estadounidenses por malos préstamos y títulos valores inservibles representan casi 2 trillones de dólares (trillones en el sentido anglosajón). La respuesta dada por dos gobiernos consecutivos –préstamos, inyecciones de capital y garantías del Estado— no ha despertado confianza. Los mercados saben que los bancos están ocultando el valor de sus activos tóxicos al no venderlos a los precios bajísimos que ofrecen los inversores.

El motivo que se invoca para no permitir que el Citigroup, el Bank of America, Wells Fargo y otros entren en bancarrota es que el crédito debe seguir fluyendo para evitar que la recesión derive en una depresión. Pero ese razonamiento está al revés. El crédito no es el padre sino el hijo de la prosperidad económica. Garet Garrett, el gigante intelectual de la década de 1930, lo resumía de este modo en “A Bubble That Broke the World”, su obra clásica sobre la burbuja crediticia que condujo a la Gran Depresión: “Desde el comienzo del pensamiento económico se ha entendido que la prosperidad se origina en el incremento e intercambio de riqueza y que el crédito es su producto”.

Todos sabemos que en años recientes los estadounidenses vivieron más allá de sus medios, ahorrando muy poco y endeudándose mucho. Si ahora esto se entiende fácilmente, ¿por qué es tan difícil darse cuenta de que una expansión del crédito inducida por el gobierno, en un momento en el que los hogares estadounidenses están por fin procurando cancelar sus deudas y ahorrar para el futuro, sólo servirá para prolongar el problema?

En enero, la tasa anualizada de ahorro de los EE.UU. fue la más alta desde que comenzaron a llevarse registros mensuales en 1959. ¡Eso debería ser motivo de regocijo! Es cierto: las empresas necesitan crédito y consumidores. Pero hay dos maneras de conseguirlos. Una es mediante salvatajes financieros y nacionalizando la banca —y pagando luego un precio catastrófico por ello. La otra es permitiéndole al sistema financiero purgar los bancos insolventes y los activos inservibles, y concediéndoles a los consumidores un poco de tiempo para volver a llenar sus arcas.

Pocas cosas dañan más la reputación del sistema de libre empresa que transferir a los contribuyentes las pérdidas de los banqueros. El modo de resolver esta crisis es permitir que los bancos “zombis” prosigan su camino al infierno, que los bancos que necesitan reestructurarse comiencen a hacerlo y que aquellos que se encuentran en posición de llenar el espacio dejado por las instituciones quebradas lo ocupen cuanto antes. Después de todo, una mayoría de los casi nueve mil bancos estadounidenses, incluidas muchas instituciones financieras regionales, no se abandonaron a la farra crediticia de años recientes: hoy les encantaría aprovechar la ocasión de ampliar sus cuotas en el mercado bancario.

Le pregunté a Michael Rozeff, un experto en finanzas y profesor emérito de la State University of New York, si una solución de mercado interrumpiría el crédito. “Las autoridades federales y estales”, me respondió, “deberían autorizar de inmediato el ingreso de nuevos bancos al mercado. Estos nuevos bancos pueden movilizar las inmensas sumas de dinero actualmente atrapadas en cuentas vinculadas a bonos de corto plazo y letras del Tesoro. Pueden asumir los préstamos para el consumo, incluidos créditos para autos e hipotecas, de los bancos más antiguos. El crédito no se interrumpiría en absoluto”.

Los bancos que se declararan en quiebra serían reestructurados a través de la Corporación Federal de Seguros de los Depósitos Bancarios (FDIC son sus siglas en inglés) a fin de preservar los depósitos del público, garantizados por el Estado. Los acreedores y los distintos bancos solventes absorberían varias de las sucursales y los activos servibles de las instituciones quebradas; los activos devaluados serían vendidos al precio que decidieran los mercados, por bajo que fuese.

Obviamente, al estar en quiebra los accionistas perderían sus bancos y los tenedores de bonos (los acreedores de los bancos quebrados) probablemente recibirían una “poda” porque la prioridad sería proteger los depósitos del público —tal como ocurriría en el caso de una nacionalización, pero sin en el gravoso costo de la intervención estatal.

Aquellos que piden que el Estado pase a adueñarse de los bancos que están en problemas señalan a Suecia como ejemplo de nacionalización bancaria exitosa en la década de 1990. Le pregunté a Fredrik Erixon, el economista sueco que dirige el European Center for International Political Economy, si estaba de acuerdo. “La política sueca”, respondió, “tuvo muy poco que ver con una nacionalización: no más del 15 por ciento del crédito total del país terminó en bancos del Estado”. El gobierno rescató a un banco que ya poseía (Nordbanken) y tan solo adquirió un banco regional (Gota Bank).

Siendo ese el caso, ¿puede señalarse seriamente a Suecia como modelo para una eventual nacionalización del sistema financiero de los Estados Unidos? >/p>

Alvaro Vargas Llosa es Académico Senior del Centro Para la Prosperidad Global en el Independent Institute y editor de “Lessons from the Poor”.

(c) 2009, The Washington Post Writers Group

The Sleight of Hand Behind Obama’s Agenda

By Charles Krauthammer

Washington Post - link to original

Friday, March 6, 2009; A15 

Forget the pork. Forget the waste. Forget the 8,570 earmarks in a bill supported by a president who poses as the scourge of earmarks. Forget the “2 trillion dollars in savings” that “we have already identified,” $1.6 trillion of which President Obama’s budget director later admits is the “savings” of not continuing the surge in Iraq until 2019 — 11 years after George Bush ended it, and eight years after even Bush would have had us out of Iraq completely.

Forget all of this. This is run-of-the-mill budget trickery. True, Obama’s tricks come festooned with strings of zeros tacked onto the end. But that’s a matter of scale, not principle.

All presidents do that. But few undertake the kind of brazen deception at the heart of Obama’s radically transformative economic plan, a rhetorical sleight of hand so smoothly offered that few noticed.

The logic of Obama’s address to Congress went like this:

“Our economy did not fall into decline overnight,” he averred. Indeed, it all began before the housing crisis. What did we do wrong? We are paying for past sins in three principal areas: energy, health care and education — importing too much oil and not finding new sources of energy (as in the Arctic National Wildlife Refuge and the Outer Continental Shelf?), not reforming health care, and tolerating too many bad schools.

The “day of reckoning” has arrived. And because “it is only by understanding how we arrived at this moment that we’ll be able to lift ourselves out of this predicament,” Obama has come to redeem us with his far-seeing program of universal, heavily nationalized health care; a cap-and-trade tax on energy; and a major federalization of education with universal access to college as the goal.

Amazing. As an explanation of our current economic difficulties, this is total fantasy. As a cure for rapidly growing joblessness, a massive destruction of wealth, a deepening worldwide recession, this is perhaps the greatest non sequitur ever foisted upon the American people.

At the very center of our economic near-depression is a credit bubble, a housing collapse and a systemic failure of the banking industry. One can come up with a host of causes: Fannie Mae and Freddie Mac pushed by Washington (and greed) into improvident loans, corrupted bond-ratings agencies, insufficient regulation of new and exotic debt instruments, the easy money policy of Alan Greenspan’s Fed, irresponsible bankers pushing (and then unloading in packaged loan instruments) highly dubious mortgages, greedy house-flippers, deceitful home buyers.

The list is long. But the list of causes of the collapse of the financial system does not include the absence of universal health care, let alone of computerized medical records. Nor the absence of an industry-killing cap-and-trade carbon levy. Nor the lack of college graduates. Indeed, one could perversely make the case that, if anything, the proliferation of overeducated, Gucci-wearing, smart-ass MBAs inventing ever more sophisticated and opaque mathematical models and debt instruments helped get us into this credit catastrophe.

And yet with our financial house on fire, Obama makes clear both in his speech and his budget that the essence of his presidency will be the transformation of health care, education and energy. Four months after winning the election, six weeks after his swearing-in, Obama has yet to unveil a plan to deal with the banking crisis.

What’s going on? “You never want a serious crisis to go to waste,” said chief of staff Rahm Emanuel. “This crisis provides the opportunity for us to do things that you could not do before.”

Things. Now we know what they are. The markets’ recent precipitous decline is a reaction not just to the absence of any plausible bank rescue plan, but also to the suspicion that Obama sees the continuing financial crisis as usefully creating the psychological conditions — the sense of crisis bordering on fear-itself panic — for enacting his “Big Bang” agenda to federalize and/or socialize health care, education and energy, the commanding heights of post-industrial society.

Clever politics, but intellectually dishonest to the core. Health, education and energy — worthy and weighty as they may be — are not the cause of our financial collapse. And they are not the cure. The fraudulent claim that they are both cause and cure is the rhetorical device by which an ambitious president intends to enact the most radical agenda of social transformation seen in our lifetime.

letters@charleskrauthammer.com

Publicado el domingo 08 de febrero del 2009

By CARLOS ALBERTO MONTANER

El Nuevo Herald - enlace

Madrid — El 9 de enero pasado el presidente Obama declaró que ”no hay desacuerdo en que necesitamos acción por parte del gobierno: [por ejemplo] un plan de recuperación que ayude a relanzar la economía”. Se equivocaba: pocos días después, consultados por el Cato Institute, unos 200 economistas de las mejores universidades del país le respondían por medio de una página publicada en The New York Times y en Wall Street Journal: ”Con todo respeto, señor presidente, eso no es verdad”. Y luego expresaban brevemente sus razones: el aumento del gasto público en los años treinta no liquidó la ”gran depresión” ni contribuyó a solucionar la crisis de Japón en los noventa. Retomar esa estrategia era el triunfo de la esperanza sobre la experiencia. ¿Cuál era el camino correcto para salir de la crisis? Sin duda, opinaban, la mejor política fiscal para revitalizar el crecimiento de la economía consistía en reducir los impuestos y el peso del gobierno e iniciar reformas que eliminen los impedimentos al trabajo, al ahorro, a la inversión y a la producción.

Entre los firmantes había tres premios Nobel: James Buchanan (1986), el viejo sabio que puso en marcha la teoría de la elección pública (Public Choice) y demostró con ella como las decisiones de los burócratas y de los políticos se toman por las mismas egoístas razones que mueven a los empresarios, lo que excluye la fantasía de que actúan en procura del bien común, desmintiendo de paso la superstición de que el Estado asigna los recursos con más eficacia o justicia que el mercado; Vernon L. Smith (2002), experto en la formulación de experimentos que comprueban los fallos del mercado; y Edward C. Prescott (2004), especialista precisamente en ciclos económicos, el que más nos interesa de los tres a los efectos de este artículo: uno de los críticos más certeros del keynesianismo y de su hipótesis de que la inflación y el desempleo funcionaban de manera inversa. La década de los setenta había demostrado que era posible padecer altas tasas de inflación y desempleo simultáneamente. Además, se había confirmado en Japón que el copioso aumento de la masa de dinero circulante y la bajada dramática de los tipos de interés tampoco revitalizaban la economía.

¿En qué se había equivocado John Maynard Keynes, el más prestigioso economista del siglo XX? Eso lo explicó otro gigante, Robert Lucas, también premio Nobel (1995), quien descubrió que el simple manejo de la información cambiaba las ”expectativas racionales” de las personas y la conducta de cada una de ellas, obstaculizando los objetivos que el Estado quería alcanzar. No era cierto que la política monetaria podía solucionar las crisis: probablemente las acentuaba. Tan pronto los ciudadanos tenían noticia de lo que se proponía hacer el gobierno, cambiaban su estrategia para adaptarse a la nueva circunstancia.

Un magnífico ejemplo de lo que llaman la ”crítica de Lucas” es lo que está sucediendo en el mercado de bienes raíces de Estados Unidos. Ante la ola de hipotecas impagadas, el gobierno federal decidió inyectarles dinero a los bancos y prometió formas de ayuda a los morosos para que no perdieran sus casas y se mantuviera el valor de la propiedad. ¿Resultado? Al margen de que entre las funciones del Estado no está mantener alto el costo de las viviendas, los consumidores se paralizaron hasta conocer el alcance de esas medidas, provocando un descenso más acelerado del precio de la propiedad por falta de compradores, multiplicando el número de personas a las que les resulta mucho más rentable perder una propiedad subvaluada y trasladarse a una vivienda alquilada que hacerle frente a una hipoteca ruinosa. Es el Estado, con su intervención de ogro filantrópico, el que no deja que los precios se estabilicen e impide que oferta y demanda se encuentren de manera natural.

Quienes hoy reivindican a Keynes con un celo ideológico absurdo, olvidan que las recetas de este economista inglés (un hombre, dicho sea de paso, empeñado en salvar al capitalismo de los horrores del colectivismo marxista) no fueron desacreditadas por académicos o políticos intelectualmente hostiles, como pudo ser Friedrich von Hayek, a quien no le hicieron mucho caso, sino por la terca realidad. Durante cuatro décadas el mundo experimentó con sus teorías, y el resultado fue el de Estados sobredimensionados y castigados por la inflación, en los que la falta de eficacia y el dispendio crecían en la medida en que lo hacían el excesivo gasto público y la burocracia, hasta que comenzó la tarea de devolverle a la sociedad civil el vigor y el papel robados por los gobiernos.

¿Cuándo terminará la crisis? Los economistas más pesimistas comienzan a pensar en 10 o 15 años. Hablan de un ”largo plazo”. Sólo que, como dijo el propio Keynes en un tono entre macabro y humorístico, ”a largo plazo todos estaremos muertos”. O no tan largo.

It would be a shame if countries respond to the downturn with policies that further retard growth.

By TERRY MILLER

Jan 13, 2009

Wall Street Journal - link

As former Texas Longhorn coach Darrell Royal liked to say, when faced with a challenging bowl game, you need to “dance with the one who brung you” to the party. Mr. Royal meant that even when faced with daunting new challenges, one would be well advised not to abandon a winning formula that had already brought success. That is good advice as the United States and other economies face the daunting task of restoring economic growth.

The “party” in this case is the six decades of increasing prosperity that the world has enjoyed since the end of World War II. U.S. Gross Domestic Product was about $1.6 trillion in 1947 (valued in 2000 dollars), a little over $11,000 for every man, woman and child. In 2007, it was $11.5 trillion, or about $38,000 per capita. That’s almost a doubling of average incomes each generation, made possible by the free market’s efficiency in allocating capital and labor.

Capitalism, the U.S. dance partner during this period of unprecedented economic growth, is, by the accounts of political leftists, no longer the smartest looking companion on the dance floor. They like the looks of other systems like socialism much better. Yet despite recent setbacks, they would be hard pressed to deny that capitalism steps out more nimbly than its rivals, and keeps up with the music far more surely.

For 15 years, The Wall Street Journal and The Heritage Foundation have been measuring countries’ commitment to free-market capitalism in the “Index of Economic Freedom.” The 2009 Index, published this week, provides strong evidence that the countries that maintain the freest economies do the best job of promoting prosperity for all citizens.

(List - 2009 Index of Economic Freedom)

The positive correlation between economic freedom and national income is confirmed yet again by this year’s data. The freest countries enjoy per capita incomes over 10 times higher than those in countries ranked as “repressed.” This year, for the first time, the Index also correlates economic freedom with important societal values like poverty reduction, human development, political freedom and environmental protection. The linkages are robust, with economically freer countries performing significantly better on every indicator of well-being.

Those tempted to abandon the free market and capitalism in the current crisis need to look carefully at the record of countries moving down that path. In 2009, it is Zimbabwe that has lost the most economic freedom, dropping 6.7 points on the Index’s 0-100 scale and falling to next-to-last place. Deficit spending, the expropriation of land and resources, and government support of favored enterprises have destroyed the economy; hyperinflation and corruption have devastated the nation.

Venezuela recorded the second largest drop in the Index, losing 4.8 points as a result of price controls, currency devaluations, nationalizations and the corruption that characterize Hugo Chávez’s brand of Bolivarian socialism.

Hong Kong and Singapore are once again the freest economies in the world, followed in the rankings by Australia, Ireland and New Zealand. The U.S. slipped one spot to sixth place this year because of increases in both tax revenue and government spending as a percentage of GDP.

The biggest success stories in the Index of Economic Freedom continue to be the countries of Eastern Europe and the former Soviet Union. Azerbaijan, Armenia, Georgia, Bosnia and Herzegovina, Moldova, Lithuania and Romania have all gained at least 20 points of economic freedom over the life of the Index. Per capita GDP in these countries has grown at an average annual rate of 7.4% over the past decade.

In a special chapter in this year’s Index, the Journal’s Stephen Moore chronicles the critical role that tax cuts, particularly cuts in corporate taxes, have played in economic growth in Eastern European countries and others like Ireland. The citizens of those countries lived for decades with state-directed economic planning and regulation, which many now advocate for the U.S. and other advanced economies. They remember the clumsiness of socialism and the government missteps that fostered economic disaster. To switch dance partners now that they have adapted to the quick step of capitalism and are enjoying its many benefits would be a tragic mistake.

It would be ironic indeed if the world’s advanced economies, in seeking to address current woes, abandoned the system that has brought them and others around the world the amazing levels of prosperity experienced over the last half century. The “Index of Economic Freedom” provides a record of that progress. It charts the path to economic advancement and proves that the best way forward is to hang onto our partner and step to the music of the market.

Mr. Miller is director of the Center for International Trade and Economics at The Heritage Foundation. He is co-editor, with Kim R. Holmes, of the “2009 Index of Economic Freedom” (455 pages, $24.95), available online at heritage.org/index.

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Wall Street Journal - link

Jan 26, 2009

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Since 1998 state and local budgets have nearly doubled to $2 trillion, according to the Census Bureau. State and local expenditures rose 34% from 2003-2007 compared to inflation of 19% and population growth of 5%. They also loaded up on debt, which doubled to $2.23 trillion in 2008 from $1.14 trillion a decade earlier. This doesn’t include nearly $1.5 trillion in unfunded health and pension liabilities.

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Our local politicians want $200 billion without any shaping up.

When Detroit’s auto makers begged for a federal bailout last month, Congress demanded that their CEOs make changes to their operating model in return for a check from Uncle Sam. If only Congress would demand the same from the state and local politicians now seeking $200 billion from federal taxpayers.

President Obama has announced that a big check to state governments is part of his stimulus spending plan in order to “save the public sector jobs of teachers, police officers, firefighters, and others who provide vital services.” But the states aren’t innocent victims. Their revenues have collapsed of late, but the main reason so many states are broke today is because lawmakers thought the days of living well would last forever.

The state spending binge of the last five years has been almost unprecedented in American history. (See nearby chart.) Since 1998 state and local budgets have nearly doubled to $2 trillion, according to the Census Bureau. State and local expenditures rose 34% from 2003-2007 compared to inflation of 19% and population growth of 5%. They also loaded up on debt, which doubled to $2.23 trillion in 2008 from $1.14 trillion a decade earlier. This doesn’t include nearly $1.5 trillion in unfunded health and pension liabilities.

The states with the biggest deficits tend to be the most profligate. California has by far the biggest gap — $40 billion — thanks in part to a 40% increase in spending over the last five years. Arizona, Florida and Nevada also have deficits of roughly 20% of their operating budget; each of these states allowed their expenditures to grow by more than 50% faster than the average state budget over the last decade.

New York politicians are confronting an estimated $12 billion deficit. But New York’s government has annual outlays that are $1,000 a year more per family than in the average state. New York would have a $5 billion surplus if it simply cut its spending to the 50-state norm. New Jersey has added some 58,000 employees to its public payrolls since 2001. For every new private sector job in the state, Trenton has added about 15, according to the U.S. Department of Labor.

A federal bailout for these distressed states means redistributing income to these big spenders from the most fiscally responsible states. Federal aid also creates a disconnect between the people who pay for the local services and those who benefit from them. Under Mr. Obama’s plan, people in Mississippi will wind up paying for swimming pools in California, taxpayers in Colorado will pay for the sewer system in Detroit, and residents of Arkansas will underwrite health care subsidies in Philadelphia.

This creates an incentive for state and local officials to pad their budgets as their lobbyists race to capture as many federal dollars as they can. One especially ill-designed idea from the Obama Administration is to allow the federal government to pay a greater share of state Medicaid costs. So instead of reforming policy to slow the stampeding cost of medical care, states will have an incentive to spend lavishly, because every health-care dollar lures more money from Washington.

The pattern of recent economic cycles is that states overspend during boom years while tightening their budgets during recessions. A federal bailout will convert this spend and retrench cycle into a new regime in which states spend during good times and bad. That may explain why the public employee unions are the biggest cheerleaders for a federal bailout to states.

But if Congress does provide aid, it’s time to insist on new budget rules. States should be required to pass constitutional spending limits, so they don’t keep bloating their budgets and debt burdens when they are flush with tax revenues. If states had restrained their spending to inflation and population growth over the past decade, they wouldn’t have record deficits today.

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Tax cuts are the way to nudge capital toward productive uses.

By ALBERTO ALESINA and LUIGI ZINGALES

Wall Street Journal - link

In virtually all economics classes, including those taught by the many excellent economists on the Obama team, the idea of government spending as an engine for growth is not a popular topic. Yet despite their skepticism of Keynesianism in the classroom, when it comes to public policy, these economists happily endorse a large stimulus package that could bring our deficit to 10% of GDP. Why?

One explanation is that these economists think this recession is an extraordinary one. In normal recessions — the argument goes — an increase in discretionary government spending is unnecessary and even counterproductive. But in the event that a recession becomes a depression, a Keynesian stimulus package might work.

There are certainly economic models that show how government spending can shift the economy from a bad equilibrium (where people do not search for jobs because they do not expect to find them, and firms do not invest because they do not expect to sell), to a good equilibrium (where people search for jobs, and firms invest and generate demand for their goods).

But this particular recession is unique not in its dimensions, but in its sources. First, it is the result of a financial crisis that severely affected stock-market valuations. The bad equilibrium did not originate in the labor market, but in the credit market, where investors are reluctant to lend to risky firms. This reluctance is making it difficult for these firms to refinance their debt, forcing them to default on their credit, further validating investors’ fear. Thus, the problem is how to increase investors’ willingness to take risk. It’s unclear how the proposed stimulus package would help inspire investors to do so.

The second reason this recession is unusual is that it was caused in large part by a significant current-account imbalance due to the low savings rate of Americans (families and government). Even assuming that more public spending would increase private consumption — a big if — such a measure would cause even more imbalance.

So how do we stimulate the economy without increasing the already large current-account deficit? It’s not easy, but here is an idea: Create the incentive for people to take more risk and move their savings from government bonds to risky assets. There is no better way to encourage this than a temporary elimination of the capital-gains tax for all the investments begun during 2009 and held for at least two years.

If we fear this is not enough, we can temporarily increase the size of the capital loss that is deductible against ordinary income. This will reduce the downside of new investments and increase the upside.

More savings need to be invested, and firms need an incentive to invest in order to help aggregate demand in the short term and promote long-term growth. The best way to do this is to make all capital expenditures and research and development investments done in 2009 fully tax deductible in the current fiscal year.

A large temporary tax incentive may be just enough to jolt investors from their current paralysis to take action. Such a switch will also be fueled by the temporary capital-gains tax cut mentioned above, which will motivate people to move their savings from money-market funds to stocks, increasing valuations, investments and confidence.

Many are concerned about what we can do to help the poor weather this crisis. Unlike during the Great Depression, we have an unemployment subsidy that protects the poor from the most severe consequences of this recession. If we want to further protect them, it is better to extend this unemployment subsidy than to invest in hasty public projects. Furthermore, tax cuts have a much better effect on job creation than highway rehabilitation.

No doubt, it is much easier to sell the public and Congress a plan for more public works than tax cuts, particularly while Main Street despises Wall Street — with some good reason. But the role of a good economic team is to courageously propose the right economic policy, even when it is unpopular. The role of a president is to sell it politically, as real change we can believe in.

Mr. Alesina is a professor of economics at Harvard. Mr. Zingales is a professor of finance at the Chicago Booth School of Business.

El Nuevo Herald - enlace

Publicado el martes 20 de enero del 2009

GERARDO REYES

Costa Rica figura junto a Panamá como uno de los 50 paraísos fiscales preferidos de las mayores empresas de Estados Unidos y de los principales contratistas del gobierno federal, según un informe de la Oficina de Fiscalización del Congreso (GAO).

Según el estudio, 83 de las 100 mayores empresas estadounidenses que se cotizan en bolsa corporaciones tienen filiales en alguno de los 50 países en que resulta más fácil burlar el pago de impuestos federales.

Sin embargo, el informe advierte que el establecimiento de esas filiales no significa necesariamente que lo hicieron con el propósito de aliviar su carga tributaria.

El informe señala que el objetivo fue responder a una petición de los senadores Carl Levin y Byron Dorgan sobre cuántas de las mayores 100 compañías estadounidenses que se cotizan en bolsa tienen filiales en los países donde se facilita esa operación.

La firma que aparece con mayor número de filiales en paraísos fiscales es Citigroup, con 427, de ellas 17 en Panamá y 19 en Costa Rica. En Hong Kong tiene 40.

Un total de 12 empresas de las 83 tienen el 50 por ciento de sus filiales en países con paraíso fiscal.

Los investigadores de GAO reconocieron la dificultad de definir el término “paraíso fiscal” y no se comprometieron con una definición, pero después de consultar tres fuentes institucionales elaboraron una lista que, además de Pa- namá y Costa Rica, incluyó a Antigua, Aruba, las Bahamas, Barbados, Belice, Bermudas, Islas Caimán, Dominica, Islas Vírgenes y Granada.

Entre los criterios para definir “paraíso fiscal”, la investigación señaló que se tuvo en cuenta las jurisdicciones donde las filiales no están obligadas a declarar impuestos; donde no hay un intercambio de información tributaria efectiva entre el país en cuestión y Estados Unidos y existe una “falta de transparencia en la implementación de las normas legislativas, judiciales y administrativas”.

También se consideró la ausencia de una presencia física de la filial.

Mientras que Panamá se considera paraíso fiscal según las tres fuentes consultadas por el GAO –la Organización para el Desarrollo Económico y la Cooperación, la Oficina Nacional de Investigaciones Económicas y las citaciones judiciales del Servicio de Rentas Internas (IRS)–, Costa Rica sólo aparece al aplicarse el novedoso criterio del IRS.

Las notificaciones del IRS son citaciones proferidas por los tribunales estadounidenses para obtener información de contribuyentes estadounidenses que aparecen con firma autorizada en bancos o cuentas de tarjetas de crédito expedidas por esos bancos en 34 países.

Un tribunal de distrito del norte de California justificó estas notificaciones basándose en un informe de un funcionario del IRS en que se afirma que, según su experiencia, estas personas ‘‘podrían haber omitido ingresos, evadido impuestos o de alguna manera infringido violando las leyes tributarias de Estados Unidos”.

Las empresas con filiales en Panamá, según el informe, son: Abbot Laboratories (2), Altria Group (2), American Express (1), American International Group (1), Caterpillar (3), Cisco Systems (1) Citigroup (17), Dell (1), Ingram Micro (1), Johnson & Johnson (1), Kraft Foods (1), Merk & Co. (2), Morgan Stanley, News Corp,(1) Pepsi (1), Pfizer (3), Sunoco (1) y The Procter and Gamble Group (3).

En Costa Rica:

Abbot Laboratories(1), Altria Group (2), Caterpillar (1), Cisco (1), Citigroup (19), Coca-Cola (1), Countrywide Financial (1), Dell (2), Dow Chemical (1), Fedex (1), Hewlett-Packard (1)

Intel (1), International Business Machines Corp. (1), Kraft Foods (3), Pepsi (2), Pfizer (2), Tech Data (1), The Procter & Gamble Company (3) y United Health Group (2).

Los investigadores del GAO advirtieron en el informe que el subsecretario del Departamento del Tesoro expresó su preocupación de que la lista de países en la categoría de paraísos fiscales se considere una “lista negra” y pueda usarse para la imposición de sanciones.

El GAO respondió argumentando que su reporte no presenta ninguna recomendación al Congreso sobre cambios en la política tributaria o internacional.